El Gesto De Abelardo En Valledupar Reveló El Verdadero Rostro De La Élite

La mano temblaba. El vaso goteaba. El calor de Valledupar asfixiaba el ambiente. Miguel Polo Polo estiró el brazo. Su rostro buscaba desesperadamente una aprobación. Ofreció el aguardiente barato. Abelardo de la Espriella clavó sus ojos en la botella. Su mandíbula se contrajo. Fue un microsegundo de desprecio puro. Levantó su propia botella. Un whisky de tres millones de pesos. El rechazo fue gélido. La farsa política se desmoronaba en ese instante exacto. Nadie dijo nada. El silencio pesó más que el estruendo de los tambores. Algo estaba a punto de estallar.

El aire en la Plaza de la Leyenda Vallenata en Valledupar estaba saturado de sudor, licor y el sonido ensordecedor del acordeón de Silvestre Dangond. En medio del tumulto y las luces parpadeantes que teñían de rojo y azul los rostros de los asistentes, dos mundos paralelos chocaban sin que la multitud se percatara del todo. Miguel Polo Polo, con una sonrisa que buscaba desesperadamente encajar en un círculo de poder que no le pertenecía, levantó una botella de aguardiente tapa azul. El líquido genérico, común en las esquinas de cualquier barrio popular de Colombia, brilló débilmente bajo las luces del concierto. Era el intento de Polo Polo por mostrar camaradería, por ser el amigo fiel que ofrece un trago del pueblo a su nuevo protector. Sin embargo, lo que recibió a cambio fue un muro de hielo aristocrático.

Abelardo de la Espriella observó la botella de aguardiente como quien mira un objeto contaminado. Su rostro, acostumbrado a las cámaras y a la gesticulación teatral de los tribunales de alto nivel, se congeló por completo. No hubo una sonrisa de cortesía, ni una palmadita en la espalda que suavizara el momento. Con un movimiento lento, casi coreografiado por el desdén, De la Espriella apartó la mano de Polo Polo y levantó su propia botella. Era un whisky Macallan de edición exótica, una bebida cuyo valor comercial supera los dos millones de pesos en una licorería común y que dentro del Parque de la Leyenda Vallenata puede triplicar su precio hasta alcanzar los tres millones. El mensaje no verbal fue devastador y definitivo: existen licores para el pueblo que consume fritos en las esquinas, y licores para la verdadera élite que maneja el dinero del país.

En ese microsegundo de rechazo, el silencio entre ambos hombres fue absoluto. Polo Polo retiró la mano rápidamente, sus ojos reflejando por un instante la humillación de quien se sabe utilizado y relegado a un segundo plano. Abelardo de la Espriella ni siquiera se inmutó; continuó disfrutando de su bebida premium, rodeado de la seguridad y el lujo que presuntamente ha consolidado a través de años de defender a personajes oscuros en Estados Unidos, entre ellos el polémico narcotraficante conocido como el narco de Boliche. La escena quedó grabada como un retrato fiel de la desconexión: un congresista del pueblo intentando desesperadamente ser parte de una élite que lo ve como una simple mascota política, mientras su líder lo mantiene a raya con el desprecio que solo el dinero puede comprar.

El despliegue de Abelardo de la Espriella en Valledupar no era un simple capricho de fin de semana; era el síntoma de una estrategia política mucho más profunda orientada hacia la campaña presidencial del año 2026. Los analistas y observadores políticos notaban con claridad el esfuerzo casi desesperado del abogado por cambiar su imagen pública. Atrás quedaban los tiempos en los que se exhibía exclusivamente con sombreros Panamá de ala perfecta, mocasines de miles de dólares y camisas de seda de diseñadores europeos cuyos precios superan la capacidad de ahorro de cualquier trabajador promedio. Ahora, la consigna de la campaña era la cercanía popular ficticia: ponerse jeans comunes, camisas sencillas compradas en los mercados de Medellín y tomar aguardiente o comer arepa de huevo en las plazas públicas para proyectar una calidez humana que jamás ha sentido por el colombiano de a pie.

La contradicción entre la realidad y la puesta en escena de De la Espriella es monumental. Su campaña presidencial ya ha gastado la astronómica suma de trece mil millones de pesos, una cifra escandalosa que es manejada por su gerente de campaña, Carlos Andrés Ríos, quien fue viceministro de defensa durante el gobierno de Iván Duque, y por su auditor Alfonso Soler, un funcionario nombrado por el mismo expresidente Duque en Corpochivor. Aquel dinero no proviene de colectas populares ni de pequeños aportes de los ciudadanos; es el capital de los grandes poderes económicos que buscan mantener su tajada del pastel nacional. Mientras el colombiano de a pie sale diariamente a camellar para conseguir el sustento básico, la campaña de la Espriella inyecta miles de millones de pesos para construir un relato de renovación que en el fondo está controlado por los mismos personajes de siempre.

La psicología de este esfuerzo político revela una profunda desconexión con las necesidades de la gente. Abelardo de la Espriella intenta ponerse una vestimenta de pocos pesos para caminar por las calles de Barranquilla o Valledupar, pero su lenguaje corporal lo delata en cada paso. No sabe cómo sentarse a comer en una mesa popular sin mirar el entorno con desconfianza, ni cómo hablarle a un jornalero sin que se note el tono paternalista y condescendiente de la élite. El rechazo a la botella de aguardiente de Polo Polo fue el desliz donde la careta se cayó por completo, dejando al descubierto al hombre que vive en un mundo de lujos exóticos mientras le pide el voto a los colombianos de los estratos uno, dos y tres que apenas logran completar para un almuerzo básico.

Mientras la élite política del Centro Democrático disfrutaba de licores importados en Valledupar, en otras regiones del país el discurso de la extrema derecha comenzaba a ensañarse directamente con el bolsillo de los trabajadores. En Pereira, la senadora Paloma Valencia iniciaba una nueva campaña que rápidamente encendió las alarmas entre la clase trabajadora colombiana. Valencia, con un discurso que pretendía ser responsable en términos fiscales, soltó una propuesta que cayó como un balde de agua helada sobre millones de hogares: imponer peajes a las motocicletas. En Colombia, las motos han estado históricamente exentas del pago de peajes en las carreteras nacionales, una medida que ha permitido la movilidad y el ahorro de millones de familias que utilizan este vehículo como su principal herramienta de trabajo y transporte.

La propuesta de Valencia desconoce por completo la realidad socioeconómica del país. El sesenta y tres por ciento de los vehículos que circulan por el territorio colombiano son motocicletas. La inmensa mayoría de estos vehículos pertenecen a personas de los estratos uno, dos y tres, con cilindradas que oscilan entre los cien y los doscientos cincuenta centímetros cúbicos. Para un domiciliario que pasa doce horas al día entregando pedidos, para un cobrador de los llamados pagadiarios o para un campesino que debe trasladarse desde su vereda hasta el pueblo más cercano, la motocicleta no es un lujo; es una necesidad de supervivencia. Un automóvil en la Colombia actual es un gasto prohibitivo que ronda entre los cuarenta y los sesenta millones de pesos, una cifra inalcanzable para quien devenga un salario mínimo mensual.

El congresista Alejo Toro fue uno de los primeros en alzar la voz contra la propuesta de Valencia, cuestionando públicamente la desconexión total de la senadora con la realidad de los trabajadores. Toro recordaba que la motocicleta es el único vehículo que le permite al colombiano de a pie ahorrar unos pesos en transporte para poder destinarlos a la alimentación de su familia. El planteamiento de imponer peajes a las motos es visto por el pueblo trabajador como un ataque directo a su economía doméstica. La idea de que una moto de doscientos cincuenta centímetros cúbicos deba pagar peajes bajo el argumento de que sus dueños tienen suficiente dinero es una falacia que ignora el esfuerzo diario de quienes utilizan ese vehículo para rebuscarse el sustento en las calles de las ciudades y los caminos rurales de Colombia.

La propuesta de imponer peajes a las motocicletas no surge de una preocupación genuina por el mantenimiento de las vías nacionales; responde de manera directa a los intereses económicos de los grandes banqueros y concesionarios viales que controlan la infraestructura del país. El nombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo aparece de inmediato en la discusión como uno de los principales beneficiarios de este tipo de iniciativas. Sarmiento Angulo es el dueño de una de las redes de peajes más extensas de Colombia, con aproximadamente ciento ochenta estaciones de recaudo distribuidas por todas las carreteras nacionales. Para los grandes magnates de la infraestructura, el hecho de que el sesenta y tres por ciento de los vehículos del país no paguen peajes representa una porción gigantesca de ganancias que no están ingresando a sus cuentas bancarias.

Paloma Valencia, al proponer el cobro de peajes para las motocicletas, actúa como la defensora de esos intereses privados. En su discurso de campaña, intenta matizar la propuesta ofreciendo medidas populistas como la eliminación del SOAT para las motos de menos de doscientos cincuenta centímetros cúbicos. Sin embargo, el análisis financiero de los trabajadores demuestra la trampa detrás del anuncio. El SOAT es un pago anual que se realiza una sola vez, pero el peaje es un cobro diario que destruye cualquier presupuesto familiar. Un campesino o un jornalero que deba cruzar un peaje ubicado a pocos kilómetros de su casa para ir a trabajar a una finca vecina tendría que gastar diariamente entre diez mil y veinte mil pesos en trayectos de ida y vuelta.

En un país donde el jornal diario de un trabajador del campo se paga entre ochenta mil y noventa mil pesos, restarle veinte mil pesos diarios por concepto de peajes significa condenar a esa familia al hambre. La propuesta de Valencia le arrebata al campesino una cuarta parte de su ingreso diario para entregárselo a los dueños de las concesiones viales. Aquella es la realidad que la extrema derecha intenta ocultar bajo discursos de responsabilidad fiscal y modernización de la infraestructura. Mientras los líderes del Centro Democrático se presentan en las regiones como defensores del pueblo trabajador, sus propuestas legislativas buscan seguir exprimiendo los bolsillos de los más pobres para engrosar las arcas de los mismos banqueros de siempre.

La desconexión de la extrema derecha con las necesidades de la población ha comenzado a pasarle una factura política muy alta en sus fortines históricos. El dos de mayo, el expresidente Álvaro hizo una nueva correría política por el departamento de Caldas, un territorio que tradicionalmente había sido considerado parte de la nación paisa y un bastión inexpugnable del pensamiento conservador y uribista. Sin embargo, su llegada al municipio de Pensilvania se transformó en un fracaso monumental que dejó en evidencia el declive de su influencia política. En lugar de las multitudes fervorosas que antes abarrotaban las plazas públicas para escuchar sus discursos, el líder político se encontró con un escenario frío, desolado y marcado por la indiferencia de los habitantes.

Las fotografías tomadas en el parque principal de Pensilvania revelan la magnitud del fracaso. Apenas unas setenta u ochenta personas se congregaron alrededor de la tarima improvisada. El parque, un espacio diseñado para albergar cómodamente a más de seiscientas personas, lucía prácticamente vacío. Ni siquiera la mitad de la plaza estaba ocupada; apenas una cuarta parte de los asistentes habituales acudió al llamado del Centro Democrático. Para un dirigente político que durante más de dos décadas se autoproclamó como el rey de la política colombiana y el dueño absoluto de los votos en las regiones cafeteras, encontrarse con una plaza vacía en un municipio históricamente conservador es una señal inequívoca de que su tiempo ha terminado.

El pueblo caldense, al igual que los habitantes de muchas otras regiones de Colombia, ha comenzado a abrir los ojos frente a las promesas vacías del uribismo. El desgaste de la figura del expresidente es evidente en cada una de sus correrías. Ya nadie le acompaña masivamente ni le cree los mismos cuentos de seguridad democrática que ocultaban la realidad del despojo de tierras y la exclusión social. El fracaso en Pensilvania es el retrato fiel de una caída política que ya no tiene marcha atrás. El Centro Democrático está perdiendo el control de las regiones que antes dominaba sin esfuerzo, y el descontento popular se manifiesta en el silencio y en el vacío que reciben a sus líderes cada vez que intentan recuperar el terreno perdido.

La desesperación del Centro Democrático ante la pérdida de apoyo popular se ha traducido en actos de violencia física e intolerancia contra quienes piensan de manera diferente. El episodio más grave de esta descomposición política ocurrió en el municipio de Samaná, también en el departamento de Caldas. Julián Jiménez, un joven artista plástico de la localidad, decidió manifestar su apoyo al proyecto progresista y a la figura del senador Iván Cepeda mediante una acción pacífica y artística. Pintó un cartel con mensajes en favor del cambio y lo exhibió públicamente en las calles del municipio durante la visita de los militantes del Centro Democrático.

La respuesta de los seguidores de la extrema derecha no fue el debate de ideas ni el respeto por la libertad de expresión; fue la agresión física directa y cobarde. Un grupo de militantes uribistas, enfurecidos por la simple presencia del cartel, rodeó al joven artista plástico y comenzó a golpearlo salvajemente. Las imágenes recuperadas de la escena muestran la cobardía del ataque: un hombre mayor se acerca a Julián y, con un gesto de odio absoluto, le propina un fuerte golpe en el rostro mientras los demás asistentes arengan la violencia. La intervención inicial de una mujer policía fue insuficiente para contener a la turba enloquecida que buscaba linchar al joven simplemente por pensar diferente.

La gravedad de la situación obligó a la intervención de las fuerzas especiales de la policía, el GOES, para rescatar a Julián Jiménez de las manos de los agresores y evitar una tragedia mayor. El presidente de la República denunció el hecho a través de sus redes sociales, señalando la contradicción de una extrema derecha que habla de libertad pero que agrede físicamente a los ciudadanos por el simple hecho de expresar sus ideas políticas. El joven artista plástico hoy vive con un miedo profundo por su seguridad personal y su vida, consciente de que en su municipio la intolerancia uribista no permite ninguna disidencia. El ataque en Samaná dejó en claro que la violencia sigue siendo la principal herramienta de la extrema derecha colombiana cuando los argumentos políticos se les agotan y el apoyo popular los abandona.

El comportamiento violento de los militantes del Centro Democrático en las calles contrasta con la defensa jurídica que sus líderes hacen de los privilegios económicos de sus familias. El caso más reciente de esta doble moral involucra directamente a la senadora Paloma Valencia y a su familia. La Agencia Nacional de Tierras ha adelantado investigaciones exhaustivas que demuestran que Nicolás Laserna, primo de la senadora Valencia, se había apropiado indebidamente de miles de hectáreas de baldíos de la nación que por ley pertenecen al campesinado colombiano para su producción agrícola y sustento.

Hablamos específicamente de la finca Buenavista, una inmensa extensión de seis mil ciento ochenta y dos hectáreas ubicada en el municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada. En el año 2014, Nicolás Laserna y el exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Gustavo Londoño García, interpusieron una demanda para legalizar la ocupación de estas tierras públicas, alegando que las habían comprado a otros campesinos de la zona. Un juzgado de Puerto Carreño les dio la razón en el año 2017 sin vincular al proceso a la Agencia Nacional de Tierras, la única entidad competente para adjudicar este tipo de predios. Tras una larga batalla legal que incluyó tutelas y revisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia, la entidad de tierras demostró que la finca Buenavista es un baldío de la nación indebidamente ocupado por la élite política.

Ante la contundencia de las pruebas técnicas y jurídicas, Nicolás Laserna se vio obligado a firmar un acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras para devolver de manera voluntaria las más de seis mil hectáreas al Estado. Sin embargo, la respuesta de su prima, Paloma Valencia, no fue el respeto por la ley ni la defensa del campesinado sin tierra. La senadora salió públicamente a defender la acumulación de baldíos por parte de su familiar, afirmando que los títulos de propiedad eran legítimos y acusando al gobierno de perseguir a su pariente por el simple hecho de llevar su apellido. Esta misma senadora que defiende la propiedad privada de miles de hectáreas en manos de su familia es la que propone cobrarles peajes a los campesinos y jornaleros que se mueven en motocicletas de cien centímetros cúbicos por las carreteras del país. La indignación del pueblo colombiano ante este descaro es absoluta: una élite que se apropia de la tierra pública mientras le exige sacrificios económicos a los más pobres para financiar los peajes de los grandes banqueros.