El Error Confesado Que Transformó 6,402 Víctimas En Un Fantasma Gigante

El silencio en el estudio de radio pesaba toneladas. Las ondas hertzianas parecieron detenerse por un microsegundo. El expresidente no miraba a sus entrevistadores; su vista estaba fija en un punto abstracto, un fantasma que acababa de invocar. Las manos se aferraban a la mesa. La respiración se escuchó pesada. El blindaje discursivo, pulido durante más de una década, se resquebrajó con una sola palabra: equivocación. No era una simple admisión de culpa; era el sonido de un legado derrumbándose en vivo.

Para entender la magnitud del sismo político que acababa de desatarse en los estudios de Caracol Radio, es necesario viajar hacia el pasado, a un territorio oscuro de la historia de Colombia. Una cifra había martillado la conciencia nacional durante años: 6,402. Ese número, grabado a fuego, representaba a los civiles asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acababa de actualizar el horror. El magistrado Alejandro Ramelli había elevado la cifra a 7,837 víctimas. Fue en medio de este terremoto estadístico que las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez cobraron un peso radioactivo.

El periodista, con la precisión de un cirujano, le recordó una de las frases más infames de su mandato. Una frase que había resonado como un golpe de martillo sobre las tumbas de los jóvenes de Soacha y de todo el país: “Esos muchachos no estarían recogiendo café”. El aire acondicionado del estudio parecía no ser suficiente. La tensión dilataba las pupilas de quienes escuchaban. La respuesta del exmandatario no fue la evasiva acostumbrada, ni la negación categórica. Fue una confesión envuelta en justificaciones burocráticas que dejó helados a los presentes.

“La frase que usted dice, la dije porque fue una información que recibía la fiscalía en la época. Me equivoqué”. El verbo resonó con un eco metálico. Me equivoqué. Uribe, el hombre de la seguridad democrática, el líder inquebrantable de la mano dura, admitía que la narrativa fundacional de las ejecuciones extrajudiciales, la idea de que aquellos jóvenes eran criminales merecedores de su destino, fue un error basado en “información falsa”. Pero la confesión no detuvo el escrutinio; lo aceleró. ¿Cómo se procesa psicológicamente el hecho de que el líder máximo del Estado justifique la muerte de inocentes basándose en un informe erróneo? El daño ya estaba hecho. La frase había funcionado como un salvoconducto moral para la maquinaria de guerra durante años, y ahora, retrospectivamente, se revelaba como una mentira letal.

El expresidente intentó humanizar la admisión. Añadió que le “dolió mucho” y confesó su propia resistencia mental a aceptar la realidad: “A mí me daba mucha dificultad, y lo he repetido muchas veces, creer que los soldados y policías de Colombia hacían algo malo”. Era el retrato de un hombre atrincherado en su propia narrativa, un comandante en jefe que, por amor ciego a sus tropas, se negó a ver la sangre inocente que manchaba los uniformes. Esta justificación, sin embargo, no mitigó el impacto. Para las víctimas, no era un simple error de cálculo; era el reconocimiento explícito de que la cúpula del poder facilitó, por acción u omisión ciega, la barbarie.

Mientras el agua subía al cuello, la reacción instintiva del líder del uribismo fue la de buscar un bote salvavidas en forma de contraataque. Si su propia gestión estaba siendo desnudada, su única salida era empañar la figura de su principal némesis. El senador Iván Cepeda, a través de las redes sociales, había lanzado una pregunta que funcionó como un dardo envenenado: “¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad? Álvaro Uribe Vélez, hoy candidato a ministro de Defensa”.

La mención de Cepeda encendió un fuego diferente en la voz del exmandatario. La táctica de evasión consistió en desviar el foco del escrutinio sobre los 7,837 falsos positivos hacia una serie de acusaciones cruzadas. “Iván Cepeda tan serio y tan mentiroso”, espetó Uribe, iniciando una catarata de recriminaciones. La narrativa se retorció. El expresidente no quería hablar de las ejecuciones bajo su mandato; quería hablar de los “computadores de Raúl Reyes”, de las cifras de homicidios del gobierno actual y de las toneladas de cocaína incautadas. Era un intento desesperado por cambiar el marco de la conversación, de arrastrar a su oponente al fango para que el lodo ocultara sus propias manchas.

La estrategia, sin embargo, revelaba un profundo estado de alteración. El uribismo, frente a la implacable matemática de la JEP, parecía haber entrado en un ciclo de frenesí discursivo. Uribe llegó al extremo de atribuirse logros del actual gobierno, como la reducción de la jornada laboral, generando un nivel de confusión que rozaba el absurdo. La imagen de un exmandatario acorralado, intentando culpar a un senador de la oposición por la “cubanización” del país mientras esquivaba la sombra de casi ocho mil muertes, era un espectáculo de decadencia política. La maquinaria de la negación estaba oxidada. La mentira ya no tenía la tracción de antaño.

Las palabras de Uribe en la radio no operaban en un vacío. Cobraban un significado macabro a la luz del escenario político actual. La senadora Paloma Valencia, figura clave de la extrema derecha, había lanzado una propuesta que heló la sangre de los defensores de derechos humanos: nombrar a Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa en un eventual gobierno, con el objetivo de revivir la “seguridad democrática”. Esta promesa actuó como un detonante para que la historia reciente de Colombia volviera a ser examinada bajo una luz de neón inclemente.

Para entender el terror que esta propuesta generó, era necesario desgranar lo que realmente significó la seguridad democrática. El senador Cepeda y diversos analistas se encargaron de recordarlo. No se trataba solo de la aniquilación de guerrilleros, sino de la instauración de una arquitectura de terrorismo de Estado. Las 7,837 víctimas no fueron bajas en combate accidental; fueron jóvenes inermes, muchas veces desempleados de zonas marginadas, que fueron secuestrados bajo la falsa promesa de un trabajo. La mecánica era industrial: llevarlos a instalaciones militares, asesinarlos a sangre fría, vestirlos con ropas de camuflaje y colocarles armas en las manos rígidas para justificar los resultados operacionales ante una cúpula sedienta de “bajas”.

Pero la represión no se limitó a las balas en el campo. Se extendió a los despachos del poder judicial y a las salas de redacción. La seguridad democrática también fue sinónimo de la persecución implacable contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se atrevieron a investigar la parapolítica. Funcionarios que, priorizando su deber constitucional por encima de la lealtad al Ejecutivo, terminaron suplicando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue la persecución a políticos de oposición como Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Wilson Borja; el acoso a periodistas independientes como Holman Morris y Gonzalo Guillén. Nombrar a Uribe ministro de Defensa no era una simple maniobra electoral; era prometer el retorno a una era donde el Estado mismo era el principal generador de terror para quienes se atrevieran a pensar distinto.

La confesión de la “equivocación” no cerró el capítulo de los falsos positivos; lo reabrió con una virulencia inusitada. La frase “me equivoqué” flotaba en el ambiente nacional como una disculpa grotescamente insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. La JEP había determinado que estos crímenes no fueron manzanas podridas, sino un patrón sistemático, una política no escrita pero ejecutada con la complacencia de los altos mandos. La admisión de Uribe, aunque intentara minimizarla, lo ubicaba en el centro del huracán. Su argumento de que destituyó militares y colaboró con Naciones Unidas chocaba de frente con la evidencia de que las ejecuciones continuaron, amparadas en incentivos que premiaban la letalidad sobre la vida.

El cruce entre Uribe, Cepeda y los periodistas de Caracol Radio dejó en evidencia la fragilidad de una narrativa construida sobre la negación. El intento de utilizar fotos en Ecuador o tuits incendiarios para desviar la atención se desplomó ante el peso de los 7,837 expedientes. La historia no se escribe con declaraciones de radio, sino con las sentencias de los tribunales de paz y con el llanto prolongado de las Madres de Soacha. La impunidad, ese escudo invisible que parecía proteger a los arquitectos de la guerra en Colombia, estaba empezando a mostrar fisuras irreversibles.

La pregunta de Iván Cepeda sobre cuándo sería juzgado por crímenes contra la humanidad dejó de ser un simple recurso retórico de la oposición para convertirse en el eco de una exigencia histórica. El país, que intentaba avanzar hacia la reconciliación y la paz total, no podía dar un paso firme si los cimientos de la memoria estaban llenos de cadáveres disfrazados de guerrilleros. La entrevista en Caracol Radio no fue solo un desliz comunicacional de un expresidente; fue el colapso de un muro de contención. La verdad, aunque intentara ser maquillada con eufemismos y contraataques, finalmente se abría paso entre las sombras, exigiendo que la justicia tomara el relevo donde la política había fracasado estrepitosamente.