El Despertar de la Caja Negra: Omar García Harfuch y el Fin del Silencio sobre el Saqueo Salinista

Esta mañana, jueves 9 de abril de 2026, el aire en la Ciudad de México parecía cargado de una electricidad estática, una tensión que se palpaba en el ambiente mucho antes de que las luces de las cámaras se encendieran. A las 11:00 en punto, Omar García Harfuch se aproximó al podio. No hubo el habitual preámbulo de cortesías diplomáticas. El sonido de sus pasos, firmes sobre el piso del salón, resonaba como un eco de justicia largamente postergada. Con una carpeta de documentos de piel desgastada en la mano y la mirada gélida de quien sabe que está a punto de detonar una bomba en los cimientos del poder, Harfuch se detuvo frente al micrófono.

Lo que dijo a continuación no fue una simple declaración política; fue una autopsia criminal del sistema económico mexicano de las últimas tres décadas. Con registros verificables y una cadena de custodia impecable, el funcionario desmanteló la narrativa oficial: las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari no fueron un paso a la modernidad, sino un saqueo organizado. Hoy, la historia de México ha dado un giro irreversible, y lo que sigue es la crónica detallada de cómo un puñado de firmas en la oscuridad condenó el futuro de millones.

Para entender la magnitud de la revelación de esta mañana, debemos retroceder a un México que parece sacado de una novela de suspenso. En 1988, la lista de millonarios de Forbes solo contenía un nombre mexicano. Seis años después, al final del sexenio de Salinas de Gortari, esa lista había crecido a 24 nombres. Ese crecimiento exponencial no fue el milagro del emprendimiento, sino el resultado de un sistema diseñado quirúrgicamente desde Los Pinos para transferir la riqueza de todos a las manos de unos pocos elegidos.

Harfuch fue directo: “Salinas hizo millonarios a sus cuates con la plata de los mexicanos”. Los documentos expuestos sobre la mesa muestran tres mecanismos de traición que se repitieron con una precisión matemática. Primero, las licitaciones se realizaban a puerta cerrada, donde las reglas del juego se escribían con tinta invisible según quién estuviera sentado a la mesa. Segundo, se utilizaba dinero público para “limpiar” las empresas antes de venderlas; el pueblo pagaba las deudas de aerolíneas y minas para que los nuevos dueños las recibieran impecables. Y tercero, el estado garantizaba monopolios privados, asegurando que los compradores no enfrentaran competencia real, permitiéndoles exprimir a los ciudadanos con tarifas exorbitantes.

Uno de los capítulos más extensos de la conferencia se centró en Teléfonos de México (Telmex). En 1990, esta era la empresa de infraestructura más importante del país, construida con cada kilómetro de cable pagado por los impuestos de los mexicanos. Los documentos desclasificados revelan que el grupo encabezado por Carlos Slim no solo compró una empresa; compró una concesión de exclusividad.

Harfuch detalló el modelo: el comprador adquiere la empresa con dinero prestado, utiliza el monopolio garantizado por el gobierno para cobrar tarifas superiores a las del mercado libre, y con esas ganancias extraordinarias, paga el préstamo inicial. En pocos años, la empresa está libre de deuda y produciendo una riqueza que ningún negocio competitivo podría generar. Así fue como Slim pasó de ser un empresario relevante a uno de los hombres más ricos del planeta, mientras los mexicanos quedaban atrapados en una red de comunicación costosa y sin opciones.

Si Telmex fue el robo de la infraestructura, la privatización de los 18 bancos entre 1991 y 1992 fue el asalto al ahorro nacional. Los documentos recuperados por la fiscalía demuestran que los compradores no eran banqueros experimentados, sino aliados políticos que adquirieron las instituciones financieras usando los activos de los mismos bancos como garantía.

La consecuencia fue una gestión irresponsable que colapsó con el “error de diciembre” en 1994. Fue aquí donde comenzó lo que Harfuch calificó como el “segundo saqueo”: la creación del FOBAPROA. El gobierno convirtió las deudas privadas de estos banqueros en deuda pública. Al cierre de 2023, esta deuda sumaba 994,000 millones de pesos. Los documentos de la “caja negra” confirman que este rescate fue la culminación de un plan donde el estado primero regala el bien y luego paga para salvar al dueño negligente.

El tercer caso fundamental expuesto fue la venta de Imevisión en 1993 a Ricardo Salinas Pliego. Más allá del precio subvaluado de 645 millones de dólares, la investigación de Harfuch apunta a la consolidación de un duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca). Este no fue solo un movimiento financiero; fue la entrega del control de la narrativa nacional. En una década donde la televisión era la única ventana al mundo para millones, el salinismo aseguró que la interpretación de la realidad quedara en manos de su círculo cercano, restringiendo el acceso a información plural durante décadas.

El modelo de saqueo no se limitó a tres grandes sectores; se replicó más de 900 veces. Entre 1988 y 1994, el número de empresas públicas vendidas pasó de 150 a casi 1,000. Puertos, ingenios azucareros, siderúrgicas y, quizás lo más doloroso, la CONASUPO. La empresa que garantizaba precios accesibles de tortilla y frijol para los más pobres fue desmantelada pieza por pieza, dejando a millones a merced de un mercado libre que no perdonó su pobreza.

Los 23,000 millones de dólares recaudados oficialmente supuestamente se usaron para pagar deuda y financiar programas sociales, pero los documentos revelan una realidad distinta: la deuda del gobierno no disminuyó, solo cambió su composición a dólares, creando la bomba de tiempo que explotó en 1994. Harfuch cuestionó hoy: “¿Cuánto de ese dinero realmente llegó al presupuesto y cuánto se perdió en el mecanismo de ‘compensaciones’?”

El momento más sobrecogedor de la mañana llegó cuando Harfuch vinculó los documentos de la “partida secreta” de Los Pinos —que ascendía a 854 millones de pesos sin auditoría— con los eventos más trágicos de aquel año. Los registros muestran categorías de gasto y pagos inusuales en las semanas previas al asesinato de Luis Donaldo Colosio (23 de marzo) y de José Francisco Ruiz Massieu (28 de septiembre).

Aunque el funcionario aclaró que los documentos no prueban órdenes directas de asesinato, sí subrayó que la investigación tiene ahora pruebas de movimientos financieros masivos y opacos justo antes de los magnicidios que cambiaron el rumbo de la política mexicana. Estos pagos de la partida secreta, usados para comprar lealtades y financiar operaciones fantasma, necesitarán una explicación legal inmediata.

¿Por qué estos documentos sobrevivieron 30 años? Harfuch planteó tres hipótesis inquietantes: alguien los guardó como un “seguro de vida” para negociar su propia impunidad; alguien pensó que nadie tendría el valor de ir a buscarlos; o la red era tan vasta que todos asumieron que alguien más se encargaría de destruirlos.

A través de cinco presidentes de distintos partidos, la red salinista se mantuvo intacta. Desde Cedillo, que calculó que investigar a Carlos Salinas enviaría una señal de inestabilidad a los mercados, hasta administraciones posteriores que integraron a los tecnócratas y empresarios beneficiados en sus propios círculos de decisión. Lo que hace este momento diferente es la cadena de custodia legal que convierte estos archivos de material histórico en evidencia judicial contundente.

La conferencia de Omar García Harfuch ha retirado el primer ladrillo de un muro de impunidad que parecía eterno. El legado del salinismo no es una anécdota de los libros de texto; es la estructura misma de la desigualdad en el México actual. Está en los recibos de servicios que pagamos hoy, en las deudas que heredamos a nuestros hijos y en la profunda desconfianza que sentimos hacia las instituciones que debían protegernos.

Este saqueo organizado no solo se llevó dinero; se llevó la posibilidad de un desarrollo equitativo. Sin embargo, la memoria es lo único que el sistema no pudo privatizar. Hoy, los nombres escritos en esos documentos tienen una cita con la justicia que el sistema intentó evitar durante 32 años. La verdad ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en un expediente judicial.

¿Qué piensas tú, que viviste o escuchaste de tus padres sobre el año 94? ¿Crees que este es finalmente el inicio del fin para la impunidad en México o es solo un capítulo más de ruido político? Queremos leer tu historia y tus sentimientos en los comentarios. Comparte este artículo para que la verdad llegue a cada rincón; hoy, la transparencia es nuestra mejor defensa.